El Gobierno nacional ratificó las actas acuerdo con las nueve empresas distribuidoras de gas por redes de todo el país y dio lugar a la tarifa de transición cuyo aumento es de 6%. De esta manera, se actualizarán los precios por primera vez desde que asumió el presidente Alberto Fernández. Los Acuerdos Transitorios de Renegociación del Régimen Tarifario de Transición que el Poder Ejecutivo a través del Decreto 354 publicado en el Boletín Oficial fueron convalidados con cada una de las distribuidoras, tras el proceso de audiencia públicas realizadas hace dos meses. Las actas alcanzan a las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de Gas Natural: Camuzzi Gas del Sur, Gasnor, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora Gas del Centro, Litoral gas, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas Naturgy Ban y GasNEA, y a las que se suman el Ente Nacional Regulador del Gas y el Ministerio de Economía. En cada uno de los acuerdos se detalla el Régimen Tarifario de Transición que reconocerá el Estado nacional y que incluyen los ajustes por categoría de usuario y cargo. En los mismos se establece que para el segmento de usuarios residenciales, SGP y GNC se dispondrá un aumento del 14% del cargo variable y un 24% del cargo fijo, lo cual teniendo en cuenta el peso del segmento de distribución en la factura final representaría un aumento final de un 6% estimado. El nuevo esquema tarifario de transición se aplicará sobre los valores aprobados por el Enargas en abril de 2019 y su entrada en vigencia será el mes que termina ayer, lo cual estará vigente por un plazo de hasta dos años o en su defecto hasta que se alcance un acuerdo definitivo de renegociación que ya está en marcha. Las actas reflejan que durante la vigencia de acuerdo transitorio no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar por las licenciatarias, aunque deberán continuar con la prestación del servicio de acuerdo al marco regulatorio vigente. En este periodo, las licenciatarias no podrán distribuir dividendos, cancelar de forma anticipada deudas financieras y comerciales contraídas con los accionistas, adquirir otras empresas ni otorgar créditos, salvo que los mismos beneficien a los usuarios. Otra de las cláusulas de las actas que llevan fecha del 21 de mayo, las licenciatarias se comprometen a suspender todos los recursos, acciones, demandas o planteos en vías de ejecución en foros nacionales o extranjeros, sea en sede administrativa, judicial o arbitral u otro mecanismo de resolución de controversias. Al vencimiento de plazo de dos años del acuerdo dado a conocer, las licenciatarias podrán denunciar el acuerdo transitorio y el mismo quedará automáticamente sin efecto.