La vicepresidenta Cristina Kirchner llamó este miércoles al vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli para pedirle que retire el vallado que se colocó en las inmediaciones del Congreso, en la previa del tratamiento del proyecto de reforma judicial, que tendrá lugar este jueves. Hay versiones cruzadas. Cerca de la Vicepresidenta le dijeron a TN.com.ar que nunca solicitaron las vallas pero las autoridades de Seguridad de la Ciudad aseguran lo contrario. “Normalmente el Congreso de la Nación es custodiado por Nación, pero hubo un acuerdo para que la Policía de la Ciudad se haga cargo del operativo. Se armó el vallado para evitar el acampe y la protesta, pero existió un llamado de Cristina Kirchner a Santilli para que se retire”, explicó una fuente del gobierno porteño a este medio. Para este jueves hay convocatorias para marchar al Congreso en repudio a la reforma judicial que impulsa el oficialismo. La masiva movilización del 17A dejo en claro el descontento de la gente con esta iniciativa. La intención de Cristina Kirchner es que cuando comience la sesión especial de este jueves el Congreso esté totalmente liberado. Desde su entorno dicen que las vallas “no tienen nada que ver con lo que se va a discutir” en la Cámara Alta. “Esto no es la reforma jubilatoria de (Mauricio) Macri”, agregan en referencia a la iniciativa que se trató en diciembre de 2017 y generó serios inconvenientes en la zona. El proyecto dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También crea 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires que pasarán a identificarse con los números 24 a 46. La oposición entiende que el Gobierno busca colocar jueces afines y controlar el poder judicial. El proyecto recibió, además, fuertes cuestionamientos por parte de propios integrantes del sistema judicial. La iniciativa de reforma judicial que impulsa el Gobierno implica la duplicación de cargos. Con los cambios que se implementaron en la propuesta la semana pasada en plenario de comisiones del Senado se determinó que creará 316 nuevos puestos. Sumados a los nombramientos que todavía no se realizaron llega a más de 600 en total, una cantidad similar a la cantidad de cargos que hay actualmente en la Justicia. Tendría un costo de $3.600 millones.