*Por Jonathan Rivera – Joona_Rivera Una vez más, desde que comenzó la pandemia, cientos de personas desafiaron al Gobierno Nacional. En Salto y el resto del país el “banderazo” se hizo sentir. En lo que respecta a nuestra ciudad, los productores agropecuarios y algún que otro vecino común pasaron por alto el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” que hoy, dado a las circunstancias de la ciudad que de momento tiene 38 casos positivos de coronavirus, está más vigente que nunca el “quedarse en casa”, tal como lo expresó en su momento la doctora Myrna Rebottaro. Sin embargo, pese a la compleja situación epidemiológica, muchos saltenses salieron el sábado por la tarde a las calles; lo hicieron a bordo de vehículos, y en caravana recorrieron la ciudad. El “banderazo” era por la “defensa de la propiedad privada”, hecho que fue derivado tras la intervención de la cerealera Vicentín y la idea de expropiación del Gobierno nacional. La empresa en cuestión se concursó, recibiendo – sospechosamente – millones de pesos en créditos desde agosto del año pasado hasta noviembre del 2019 y con exigencias de requisitos endebles. Tanto a nivel nacional como provincial se prohíben las grandes concentraciones de gente en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Coronavirus. Y si bien muchos de los autoconvocados en Salto estuvieron con sus barbijos y no se han bajado de sus vehículos, los que sí lo hicieron superaron largamente los límites que permiten las disposiciones sanitarias Y mientras que en Salto, las autoridades emiten recomendaciones a diario para evitar la propagación del virus, como por ejemplo respetar el límite de personas dentro de un comercio, o mantener la distancia social, acá se dejó en  claro que a éstas personas poco les importa la salud de sus vecinos. Acá es donde surge la pregunta: ¿Quién se hará responsable si en 14 días alguno de los manifestantes aparece contagiado de coronavirus?.