La primera denuncia contra el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García se sorteo esta mañana y quedó a cargo de la jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti y del fiscal federal Educardo Taiano, informaron a Infobae fuentes judiciales. La denuncia fue presentada por el abogado y vicepresidente del partido Republicanos Unidos, Yamil Santoro, y es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. También se sortearon las denuncias de Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático Argentino y la del fiscal federal Guillermo Marijuán. Las dos quedaron a cargo del juzgado federal 6, que subroga Capuchetti. Un cuarta denuncia fue realizada por “HLB Pharma Group SA” por los delitos de cohecho -coimas-, violación de medidas de propagación de una epidemia y asociación ilícita que recayó en el juzgado federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Pero por ser la primera denuncia, la que quedó en el juzgado federal 5 atraerá a todas y las que se puedan presentar durante el día. El primer paso de toda causa judicial es que el fiscal decida si en la denuncia hay un hecho que pueda ser delictivo y que se deba investigar. En ese caso, el fiscal imputa a los posibles implicados en el caso y dispone las primeras medidas de prueba para comenzar la investigación. Tras la salida el viernes a la tarde de González García se anunciaron y se conocieron varias denuncias para ser sorteadas el lunes a la mañana. Los denunciantes pidieron que se investigue la conducta del ex ministro de Salud y otros posibles implicados por el llamado “Vacunatorio Vip” en esa cartera donde se vacunaron con la primera dosis de la Sputnik V contra el coronavirus personas que no estaban en el listado de prioridades del plan nacional de vacunación. Entre ellas, el periodista Horacio Verbitsky -quien reveló en la radio cómo se vacunó-, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana, entre otros. “Resulta harto claro que las dosis de vacunas que pudieren estar bajo la administración de González García en razón de su cargo no eran para administrarlas a su mera voluntad a personas con las que lo une un vínculo de amistad o simpatía; en este orden de ideas, ordenar la aplicación de dicho insumo limitado y escaso en el marco de una pandemia mundial vulnera la normativa de Ética Publica que rige el obrar de los funcionarios públicos y las obligaciones sobre los insumos a su cargo y, a su vez, contraviene las mismísimas políticas sanitarias – políticas de las que resulta autoridad máxima de aplicación”, sostuvo Santoro en su denuncia de páginas a la que accedió Infobae. La jueza Capuchetti (Adrián Escandar) La denuncia de Santoro, quien ha presentado otras en los últimos años contra funcionarios del kirchnerismo, es solo contra González García. La de Marijuán es contra el ex ministro de Salud y el periodista Verbitsky y la de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático Argentino contra González García, Verbitsky, Valdés, Taiana, Lisandro Bonelli -sobrino del ex ministro y su jefe de Gabinete, el Grupo Moyano y Carla Vizotti, la nueva ministra de Salud. La referencia al Grupo Moyano es porque se conoció que el líder sindical Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet,y su hijo Gerónimo, de 20 años, se vacunaron en el sanatorio Antártida que pertenece al gremio de Camioneros. “Estoy vacunado porque soy el presidente de dos obras sociales y por la edad que tengo. No formé parte para nada de ninguna nómina de vacunados VIP. Se está vacunando todo el personal que está al frente del Antártida”, dijo el titular del Sindicato de Camioneros, quien justificó las vacunas que se aplicó su familia: “Mi esposa y mi pibe trabajan en el sanatorio. Se corren muchos riesgos al frente del sanatorio. La provisión la hizo el Gobierno de la Ciudad para todos aquellos que tenemos relación con el Sanatorio Antártida”. A las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py se suma un expediente que inició Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que podría derivar en otra denuncia penal. Rodríguez también le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que abra un sumario administrativo interno. Fuente: Infobae