Juan Grabois, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y coordinador del Frente Patria Grande, utilizó su cuenta de Facebook para publicar un extenso texto en el cual se refirió a la toma de terrenos que vienen sucediendo en diversos puntos del país. “Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito”, dijo en el comienzo del comunicado, el cual tituló “Odio las tomas”. “Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social”, indicó Grabois. Y continuó: “Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica. La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte”. Sus expresiones ocurrieron este mediodía, justamente 24 horas después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, modificara su postura respecto a la ocupación ilegal de tierras. La funcionaria manifestó: “Nos preocupa que haya estos hechos de usurpación de tierras. Son actos ilegales prohibidos por la ley”. “¿Dónde piensan que van las familias que pierden su hábitat natural en la zona rural? A las villas de las ciudades. La patria sojera es uno de los grandes responsables del crecimiento de las ocupaciones desde mediados de los noventa. Hay otros muchos del sector privado: desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales, especuladores que compran tierra para revenderla impidiendo la ampliación del parque habitacional y una larga lista de etcéteras”, relató Grabois. El dirigente social expresó que “especialmente responsables son los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, de todos los signos políticos, que tienen en sus manos la posibilidad de brindar una alternativa digna a las tomas, no solo para evitarlas, sino porque es justo y necesario”. Y agregó: “Urbanizar los barrios es una deuda moral, pero también una deuda legal. Existe una ley que lo exige. ¿Incumplirla no es delito?”. Grabois remarcó que “los 4.400 barrios populares que hoy existen no salieron de un repollo. Fueron también ocupaciones; ocupaciones que se fueron consolidando y se transformaron en barrios. Ocupaciones que se produjeron con un promedio de 130 por año, unas diez por mes, durante todos los gobiernos desde que se tiene registro”. “¿Cómo puede ser que este país no le pueda dar un lote a cada familia? Insisto. Ni siquiera una casa. Eso ya sería Dinamarca. Pero sí un cachito de tierra para que los propios vecinos puedan edificar. Sí… que lo paguen, para que nadie se indigne con esa indignación que se enciende tan fácil frente al bien ajeno. La tierra debería estar gratuitamente al alcance de todo el que la necesite. Es un bien de la naturaleza, no debería ser una mercancía. Nadie debería pagar para tener un lugar donde dormir. Pero el mundo es como es, ¿no? Bueno, aún en este mundo horrible, aún en este sistema injusto, se puede resolver este problema”, dijo el referente de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). En cuanto a las valoraciones legales, Grabois indicó que “ocupar no es usurpar”. Y ahondó: “Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Si hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no hay delito. Ningún delito”. “‘¡Ah pero entonces usted promueve las tomas!’, dirá algún malnacido. En la Argentina de la posverdad y el lawfare volvió el delito de opinión hace tiempo. Dos diputados cambiemistas, muy costosos para el Estado por cierto, gastaron su valioso tiempo denunciándome por tener una opinión sobre este tema”, aseguró. Sobre el final del texto manifestó: “No señor, no señora, yo no instigo tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Si lo hiciera, lo haría a cara descubierta. Le digo más, señor, señora: yo odio las tomas. En las tomas la gente pasa frío, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión”. “La lógica más elemental indica que si el Estado no garantiza un terreno para cada familia las tomas seguirán produciéndose. Es un hecho. Va a suceder”, completó Grabois.