En una carta que lleva la firma de Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri se opusieron rotundamente a la liberación de presos. "Generan riesgos a la sociedad y a sus víctimas”, enfatizaron. Y recordaron que gracias a la Ley de Víctimas que sancionamos cuando fueron gobierno, “hoy los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso”. Desde el PRO, están convencidos que “ignorar a las víctimas es ignorar la ley”. “Ya lamentamos casos donde se liberaron a delincuentes y estos cometieron nuevos y aberrantes delitos. Esto va a seguir pasando si los siguen liberando, porque el Ejecutivo ya avisó que no tiene cómo controlarlos. Es decir nos ponen a todos en riesgo de convertirnos en nuevas víctimas”, dijeron en alusión a la falta de tobilleras electrónicas para monitorear a aquellos que son beneficiados con prisiones domiciliarias. Además, reafirmaron que desde su partido defienden la total independencia de la Justicia. “Cada juez debe decidir con total independencia, pilar indiscutible de la Constitución Nacional y de la República, es por ello que no son admisibles las presiones a los jueces para que liberen masivamente detenidos y tampoco son admisibles las recomendaciones, ya que expresan un paternalismo jurídico que banaliza el principio de independencia y, por ende, ofende la Constitución Nacional”, remarcaron. También denunciaron el ambiguo discurso oficial, en relación al sistema carcelario y el COVID-10. “No entendemos la posición del Ejecutivo frente a esto. Por un lado generan todos los protocolos epidemiológicos para abordar la pandemia en el ámbito carcelario (SPF) y dicen que van a perseguir a los jueces que no cumplan con la ley de víctimas (Sergio Massa), pero por el otro, se avala la estrategia que auspician funcionarios y propician libertades masivas y presiones a los jueces”, cuestionaron.  “El Presidente Alberto Fernández ratifica la liberación indiscriminada de los presos, generando una indebida presión sobre la justicia, que no corresponde al Poder Ejecutivo que ejerza". Y señalaron: "Organizaciones que responden al Ejecutivo, como el CELS, o la Comisión por la Memoria, presionan a los jueces para que liberen detenidos. En la Provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Justicia se propician libertades masivas y conmutaciones de pena”. Llamaron al Ejecutivo a ponerse de acuerdo y decidir de qué lado está e insistieron en la necesidad de tomar partido por la defensa de la población.”No queremos que el Poder Ejecutivo nos convierta a todos en Víctimas. No vamos a permitir que esto pase”, concluyeron