La Secretaría de Comercio Interior, que conduce Paula Español en el ámbito del ministerio de Desarrollo Productivo, informó este lunes que imputó a las empresas Edenor y Edesur "por no brindar información detallada respecto de los cargos del servicio en las facturas y por no proveer respuestas suficientes y detalladas ante los reclamos de las y los consumidores". "La imputación, que implica la apertura de un expediente de oficio, es fruto de una investigación que se realizó de manera coordinada entre la Secretaría de Comercio Interior y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)", se indicó en el comunicado difundido esta mañana por la dependencia que conduce Español. El expediente de oficio se abrió a partir de los reclamos ingresados por los consumidores a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. En ese sentido Comercio Interior detalló que "se lograron identificar maniobras reiteradas y sistemáticas por parte de las compañías eléctricas que configurarían presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)". "Asimismo, se tuvieron en cuenta las presentaciones remitidas en el mismo sentido por la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal y de distintas asociaciones de consumidores - Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos; Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y la Unión de Usuarios y Consumidores". Entre las prácticas denunciadas figura la falta de respuesta de las empresas luego de que los consumidores les solicitaran la verificación del medidor tras haber recibido facturas con aumentos significativos. En otros casos, las compañías se limitaron a afirmar que la facturación era correcta sin informar sobre las impugnaciones realizadas. Y también, que los incrementos de facturación respondían al recupero de energía que no habría sido oportunamente registrado. "Según se verificó -sigue el comunicado de Comercio Interior- la ausencia de información suficiente y detallada sería la estrategia elegida por parte de las empresas eléctricas ante los pedidos de revisión de las y los consumidores por la recepción de facturas con importes notoriamente superiores a los abonados habitualmente. Asimismo, tampoco brindaron la información correspondiente respecto a la realización de las verificaciones de medidores que dicen haber llevado a cabo como fundamento para perseguir el recupero de energía no facturada". Según detalla, la actitud de las empresas infringe los artículos 4, 8 bis, 19 y 29 de la Ley de Defensa del Consumidor que las obliga a suministrar toda la información requerida y dar respuesta a los reclamos de los consumidores en el plazo establecido en la norma. Y advierte que "aun cuando respondieron, la información suministrada resultó insuficiente". "Las empresas denunciadas tienen el deber de brindar a los consumidores información veraz, detallada y suficiente así como el de garantizarles el control de los consumos realizados", señaló la Secretaría que conduce Español. Tras la imputación, Edesur y Edenor cuentan con un plazo de 5 días hábiles para realizar el correspondiente descargo y son pasibles de multas que pueden llegar hasta los 5 millones de pesos.